En un primer momento, serán tres los subgrupos de medicinas que se licitarán: los protectores gástricos, las estatatinas (que sirven para bajar el colesterol) y los inhibidores de la agregación plaquetaria (se prescriben para prevenir trombos en pacientes con alteraciones cardiovasculares). Los farmacéuticos rechazan radicalmente el plan de la Junta y anuncian que recurrirán a los tribunales al considerar que se atenta contra la equidad del sistema sanitario español.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció ayer que su departamento ha comenzado a preparar la tramitación, por la vía de urgencia, del decreto de medidas urgentes sobre prestación farmacéutica en el sistema sanitario público de Andalucía. La idea es elaborarlo a lo largo del verano para que sea aprobado por el Consejo de Gobierno en otoño. La intención no es otra que poder licitar por concurso público los tres subgrupos terapéuticos (medicamentos) más consumidos. A esas subastas podrán optar todas los laboratorios que comercialicen dichas medicinas.
Montero aseguró que este nuevo paquete de actuaciones es clave para lograr que el sistema público sea «financieramente suficiente y equilibrado entre sus ingresos y sus gastos». La consejera señaló que la puesta en marcha de los concursos públicos para la selección de fármacos permitirá obtener unos ahorros adicionales de los laboratorios de entre 40 y 200 millones de euros, que se destinarán a otras prioridades de la sanidad pública.
Montero, tras recordar que la licitación de moléculas es una medida que ya se emplea en medicinas de uso hospitalario, manifestó que la utilización de este concurso público para la selección del medicamento afectará ahora a los fármacos que se venden en las boticas andaluzas con cargo al SAS como, por ejemplo, los que retiran los pensionistas. «Se trata de aprovechar la economía de escala que supone adquirir medicamentos para ocho millones de usuarios (la población andaluza) y conseguir bonificaciones en el coste que repercutan en el sistema sanitario», argumentó.
Ahorro estimado
La responsable de la sanidad andaluza reiteró que, en función del número de moléculas que se liciten, «los ahorros estarán entre los 40 y los 200 millones de euros». Asimismo, precisó que este sistema ya se aplica a los medicamentos que se dan en los hospitales. La novedad será que ahora la licitación se llevará también a los que se dispensan en las farmacias.
La elección de los protectores gástricos, las estatinas y los inhibidores de la agregación plaquetaria como punta de lanza para el comienzo de las subastas se debe a que son los fármacos más demandados por los ciudadanos y, en consecuencia, de los que más gasto producen a las arcas de la Junta.
Montero recalcó que este decreto permitirá dar un paso más en la prescripción por principio activo, que en la actualidad alcanza el 85 por ciento de lo mandado por los médico del SAS. En esas recetas se indica el nombre de un principio activo y no el de una marca comercial.
La consejera subrayó tener constancia de que ya hay laboratorios farmacéuticos que estarían encantados de participar en esta medida y concurrir al concurso. «No es previsible ni posible un escenario en el que un concurso de estas moléculas se quedase desierto, ya que hablamos de miles de productos. Habrá la necesaria competencia en el mercado como para que concurran un número suficiente de laboratorios que permita un ahorro real para la Administración», declaró.
Rechazo del decreto
«El decreto que quiere aprobar la Junta supone un aprovechamiento ilegítimo por parte de una consejería y rompe con la equidad del sistema sanitario español», dijo ayer a este periódico el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Javier Tudela. En ese sentido, expresó el frontal rechazo de los boticarios y anunció que la medida, una vez que se estudie en profundidad, se recurrirá ante los tribunales. «Nos oponemos radicalmente no por una postura corporativa, sino porque las subastas de medicamentos rompen con la equidad y la igualdad, puesto que en Andalucía se financiarán unos medicamentos y otros no. Es una medida injusta que no podemos compartir y que, además, supondrá un nulo ahorro económico», señaló Tudela
Fuente: Diario Sur.