Según expuso ayer la consejera Micaela Navarro, que compareció en el pleno del Parlamento Andaluz, de esta plantilla, un total de 333 plazas corresponden a los nuevos Servicios de Valoración de la Dependencia y, de ellas, 268 se destinarán a los profesionales que se encargarán de evaluar el grado de dependencia de las personas afectadas en sus propios domicilios.
Los 59 puestos restantes se distribuirán entre dos departamentos de nueva creación ubicados en las delegaciones provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: el de Coordinación de la Dependencia y el de Prestaciones Económicas.
Gestión y seguimiento
Los profesionales que ocupen estas plazas realizarán funciones de coordinación de los servicios sociales comunitarios, aprobación de los planes individuales de atención a las personas dependientes y otras tareas de gestión y seguimiento. Por provincias, Sevilla acapara el mayor número de nuevas plazas, con 78, seguida de Málaga (62), Cádiz (53), Granada (47), Córdoba y Jaén (42 cada una), Almería (37), y Huelva (31).
La Consejería destinará en sus presupuestos de 2007 una dotación inicial de 128 millones de euros para la aplicación en Andalucía de las medidas previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta cantidad permitirá reforzar los servicios sociales comunitarios y de ayuda a domicilio, así como incrementar en más de 4.000 plazas la atención residencial para personas mayores y financiar más de 2.600 plazas de atención diurna. Navarro recordó que se llevará a cabo en distintas etapas según los grados de dependencia.
Así, en una primera fase se atenderá a la gran dependencia, que en el caso de Andalucía, comunidad que cuenta con la población dependiente más elevada de España, afecta a 33.565 personas (unos 8.000 en Málaga). Se trata de usuarios que requieren de la labor de un cuidador en todo momento para vivir, y estarán calificados con una puntuación de entre 75 y 100 puntos, según el baremo de la dependencia, aprobado por el Gobierno.
Colaboración
La consejera Micaela Navarro anunció que se reunirá el próximo 7 de mayo con los alcaldes y responsables de las áreas de bienestar social de los principales ayuntamientos andaluces al objeto de compartir experiencias con los entes municipales sobre la aplicación de la norma.