Esta semana, el alzhéimer ha vuelto a estar en el foco informativo con la celebración del Día Mundial de esta enfermedad que afecta ya a unas 10.000 personas en Málaga. Es la cifra de pacientes, pero también hay que sumar la de las familias, que sufren también a diario una dolencia que no discrimina ni por edad, ni por sexo, nivel cultural o estatus social. Una lotería con un premio descorazonador: ver cómo ese ser querido se convierte en un completo extraño. La Ley de Dependencia ha servido en muchos casos para mejorar la calidad de vida de estos enfermos. Pero casi cinco años después de la puesta en marcha de este derecho subjetivo, la sombra de la crisis económica oscurece el avance de su implantación.
La Ley de Dependencia ya ha completado en Andalucía sus dos primeras fases. Entre el primer trimestre de 2007 -cuando entró en vigor- y finales de 2008, se valoraron y atendieron los casos más graves de gran dependencia -o lo que los técnicos conocen como grado 3, niveles 1 y 2. Fueron los años más difíciles de la normativa, con la puesta en marcha del servicio por parte de las Comunidades Autónomas, que recibieron un aluvión de solicitudes que sobrepasaron todas las expectativas. La maquinaria tardó en ponerse en marcha, pero el intenso trabajo de los servicios sociales logró que la espera para una valoración se redujese de los seis meses máximos que marca la ley.
Tercera etapa de la norma
La incorporación de la segunda fase, la de la dependencia severa -grado 2 niveles 1 y 2-, continuó durante los años 2009 y 2010. Andalucía ha estado siempre a la cabeza de la aplicación. Pero los técnicos encargados de materializar el engranaje de la ley aseguran que la situación ha dado un vuelco desde el año 2011, cuando entraba en marcha la tercera fase, la dependencia moderada.
«El grado 1 nivel 2 ha estado completamente parado aunque los casos estaban ya valorados y a la espera de recibir una ayuda, pero los usuarios no podían recibir la prestación debido a que la Junta de Andalucía tenía bloqueado el sistema informático donde los técnicos inscriben la resolución del Programa Individual de Atención (PIA)», explica Rafael Arredondo, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Málaga, colectivo encargado en realizar las valoraciones, revisiones y seguimiento de la ley. Arredondo calcula que el 90% de los usuarios ya valorados como beneficiarios dentro del segundo estadio de dependencia moderada aún no han recibido prestación alguna y pide que se cumpla el espíritu de la ley en cuanto a inspecciones continuadas de las prestaciones algo que, denuncia, no se está realizando de forma habitual.
Intensidad de la aplicación
Aunque legalmente, como explica el concejal de Bienestar Social de Málaga, Francisco Pomares, no hay nada que echar en cara a las autoridades. «La ley dice que esta etapa se implantará entre enero de 2011 y diciembre de 2012, y que debe empezar a aplicarse en seis meses, pero no dice nada del ritmo», asegura. Según Pomares, el Ministerio de Política Social no sacó el decreto para ejecutar el nuevo plazo de la ley hasta el mes de abril. Este documento es vital porque es donde se especifican los derechos económicos o de horas para la ayuda a domicilio de los nuevos beneficiarios. «Y la Junta de Andalucía no lo incorpora a su propia normativa hasta que no lo marca el Ministerio», continúa, aunque critica que el Gobierno andaluz también se ha demorado en exceso y hasta el mes de julio no han empezado a dar el visto bueno a los expedientes.
Según los datos de la Delegación de Bienestar Social en Málaga a finales del pasado año, se esperaba que 11.300 personas que ya habían presentado su solicitud pudiesen acogerse a la dependencia moderada. Según la delegada provincial, Ana Navarro, a fecha de 1 de septiembre ya se habían valorado 6.700 usuarios, aunque no ofreció cifras sobre cuántas de estas personas estaban recibiendo ya alguna ayuda. Es lo que el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, denomina el 'limbo de la dependencia', personas a las que se le ha reconocido el derecho, pero que no han sido atendidas. Ramírez indica que sin duda el avance de la ley en Andalucía se ha convertido en una peligrosa línea horizontal desde principios de año, si bien en otras comunidades es descendente. «Parece que solo se están atendiendo nuevos casos para cubrir las bajas que se producen de personas que ya recibían una prestación por causa de fallecimiento o de una variación de su estado que precise de un recurso distinto», dice Ramírez.
El PP cifra en más de 5.300 las personas que podrían encontrarse en esta situación en la provincia a causa de lo que tildan de «recortes encubiertos» en política social de la Junta de Andalucía. Ana Navarro, sin embargo, niega cualquier recorte y asegura que se estáN atendiendo todas las peticiones. «La Junta siempre ha creído en esta ley y somos de las pocas regiones que está cumpliendo con los plazos marcados», indica.
Aunque lo cierto es que las dificultades económicas ya han marcado un derecho subjetivo que nació en un momento de bonanza que nada tiene que ver con el que se ha encontrado en el transcurso de su desarrollo. El pasado año, el Gobierno decidió eliminar la retroactividad en el cobro de las ayudas económicas, siempre y cuando las administraciones tardasen menos de seis meses en dar la prestación. «La eliminación de la retroactividad solo busca garantizar que el resto de las prestaciones no sufran más recortes», decía entonces la consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro.
Un año después, la consejera ha tenido que pedir cambios al Gobierno central gobernado por su propio partido para modificar el sistema de financiación de la dependencia. Navarro solicitó que se establezca en función del número de servicios asistenciales que se prestan con el fin de compensar a las Comunidades que mayor esfuerzo están haciendo para poner al día la normativa. La Consejería ya había rebasado en agosto los 849,2 millones de euros presupuestados este año para la dependencia, con lo que tendrá que aumentar el crédito.
En la sede del centro de la Asociación de Familiares de Alzhéimer en Málaga, Almudena Lobato, psicóloga, atiende a los parientes de los enfermos que acuden cada día con dudas y, sobre todo, buscando el apoyo de los profesionales. La Ley de Dependencia, a través de la ayuda a domicilio, los centros de estancia diurna, los centros de respiro familiar, la teleasistencia, plazas residenciales o ayudas económicas para los cuidadores familiares que, de hecho, ya se ocupaban de sus enfermos, ha supuesto un avance innegable. Aunque aún queda mucho por hacer
Fuente: Diario Sur.