Los responsables de la entidad de conservación de Miraflores del Palo tendrán que asumir en solitario el previsible refuerzo de la seguridad en torno al pozo que abastece a la urbanización, después de que un vertido masivo de detergente al mismo haya dejado a los vecinos sin agua y haya puesto de relieve las carencias en la vigilancia del mismo. El concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, ha asegurado que el Ayuntamiento no puede plantear medidas sobre algo que no es de gestión municipal, igual que «no podemos pagar los gastos de otras asociaciones o empresas». A lo que añadió: «Lo ocurrido tiene que alertar y llamar la atención de los gestores para trabajar para que Emasa asuma la gestión, ya que ahora no está en manos profesionales».
A lo largo del día de hoy quedará restablecido el suministro en todas las viviendas Miraflores de El Palo, aunque la mayoría ya lo han recibido. Según informan desde la entidad de conservación, por el momento se podrá usar para todo menos para beber y para cocinar, hasta que haya una nueva analítica en los próximos días y la administración certifique que es plenamente potable para el consumo humano.
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Sobre el apoyo que dos brigadas de la empresa pública han prestado a la entidad para resolver el problema y hacer análisis, el edil comentó que no se le van a cargar esos gastos, a modo de colaboración entre instituciones.
Sobre la demanda de la urbanización de ser recepcionada, el concejal se mostró dispuesto a negociar, en las mismas condiciones que el resto de barriadas y urbanizaciones, con un pago compartido de las infraestructuras necesarias entre Emasa y los vecinos; aunque recordó que Miraflores tiene una deuda histórica acumulada de un millón de euros, sobre el que la sociedad pública ya tiene una primera sentencia a favor.
Paralelamente, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que llevan la investigación por el vertido de detergente en un pozo que ha dejado sin agua a unas 700 familias de Miraflores del Palo ya han tomado declaración a los tres identificados como presuntos responsables de estos hechos. Según las fuentes consultadas, los sospechosos han quedado como investigados pero no detenidos por un supuesto delito contra la salud pública.
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