El estrés que la pandemia ha causado al sistema público de salud era difícil de evitar, pero algunas de sus secuelas más graves deberían encontrar remedio a medida que nos acercamos a tiempos de relativa normalidad. Las listas de espera eran inaceptables antes de la covid y lo siguen siendo ahora, cuando un considerable número de personas, aún sin cuantificar, han quedado fuera de las estadísticas por el colapso de la atención primaria o porque los propios pacientes han evitado acudir al médico por miedo al contagio. El resultado es que un total de 706.740 personas esperaban una intervención quirúrgica a 31 de diciembre de 2021, con una demora media de 123 días, las cifras más altas de la serie histórica, que comienza en 2003. Pero el dato más grave es que algo más del 20% de ellos llevaban más de seis meses aguardando la llamada del hospital.
La sanidad pública mantiene un elevado prestigio por su capacidad de resolución de las urgencias y la respuesta a problemas de salud graves, como un accidente cardiovascular o un proceso oncológico. Muchas autonomías han establecido circuitos preferentes para el diagnóstico rápido ante la sospecha de un cáncer o dispositivos especiales para atender procesos que ponen en peligro la vida de los pacientes, como la atención de los infartos o de los ictus. Las intervenciones quirúrgicas que figuran en las listas de espera no son urgentes, pero en muchas de ellas esa demora comporta dolor y sufrimiento, como la implantación de una prótesis de cadera, o mala calidad de vida, como en el caso de las cataratas o de la hipertrofia benigna de próstata. Pero el dato más preocupante es el tiempo de demora para la primera visita a un especialista: el número de pacientes en esa lista ha pasado de suponer 64 personas por cada 1.000 habitantes antes de la pandemia a 77, con el agravante de que ahora más de la mitad, el 52%, llevan más de dos meses esperando. Es un cuello de botella que conduce a nuevas esperas en las pruebas de diagnóstico, de lo que puede derivarse el agravamiento de la dolencia y hasta la pérdida de oportunidades de curación en el caso de los tumores silenciosos.
También resulta incongruente la variabilidad territorial por comunidades que muestran las listas de espera. Unos españoles tienen menos opciones terapéuticas que otros por razones políticas y organizativas. Comunidades dotadas con los mismos recursos de partida presentan demoras diferentes, lo que refleja desigualdades derivadas en primer lugar de la decisión política de destinar más o menos recursos a la sanidad, pero también diferencias atribuibles a una mala gestión de los recursos sanitarios disponibles. Los peores datos, con los distintos indicadores en la mano, corresponden a Aragón, Castilla y León y Cataluña: los ciudadanos de esas comunidades deberían poder saber por qué a ellos les va peor que a otros.
Editorial del País