Según se desprende de la última memoria de este departamento, a la que tuvo acceso ayer este periódico, el pasado 2006, Málaga registró 332 denuncias, 243 de las cuales correspondieron a delitos urbanísticos -frente a las 59 contabilizadas en 2005-, 29 a irregularidades ligadas al medio ambiente, 35 a incendios, 12 a desobediencias a órdenes en esta materia, nueve a asuntos relacionados con la flora y la fauna, y cuatro al patrimonio histórico.
Por denunciantes, el pasado ejercicio destacó el volumen de diligencias de investigación incoadas a través de denuncias presentadas por consejerías (111) -principalmente por la de Obras Públicas y Transportes-, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vélez-Málaga -que sumó 48 casos- y las interpuestas por particulares, que ascendieron a 26.
Regidores a examen
En el capítulo de denunciados, el Ministerio Público recalca en su memoria «la gran cantidad» de acusaciones realizadas contra distintos alcaldes de la provincia tanto del interior como de la costa de Málaga. En total 20, «lo que da que pensar que el problema del desarrollo urbanístico contrario a la legalidad no es exclusivo de municipios de determinadas características», recoge el documento. Dentro de estas denuncias, el informe pone como ejemplo «por su trascendencia» la actuación efectuada en Tolox donde su alcalde, Juan Vera, concedió licencias para construir 2.000 viviendas «sin que se diesen los supuestos previstos en la legislación urbanística vigente», indica el texto.
Asimismo, los ayuntamientos de la provincia recibieron el año pasado 66 denuncias por anomalías sobre la ocupación del suelo. Manilva, Marbella y Archidona lideraron el »ranking» de consistorios más investigados con 10, 7 y seis denuncias, respectivamente.
Sobre esta cuestión, la Fiscalía apunta que la implicación de corporaciones locales se debe a que «el urbanismo se ha convertido en el mayor aporte financiero para los municipios». A este respecto, la memoria diferencia que mientras en el litoral la mayoría de los delitos cometidos consisten en prevaricaciones urbanísticas, en el interior, el grueso de denuncias recae en particulares que construyen una vivienda en suelo no urbanizable.