La drástica caída de los presupuestos municipales, con un plan de austeridad para reducir su deuda con los bancos, ha paralizado su capacidad inversora
Ha pasado la época de los grandes proyectos. El Ayuntamiento de Málaga es consciente de eso, aunque le ha cogido en un momento en que tiene muchos frentes abiertos. La lista de proyectos en espera es larga, pero el dinero disponible es poco, apenas un tercio de lo que disponía en 2007, cuando muchos de ellos se prometían o se negociaban. La escasez de dinero, las dificultades para obtener un crédito y la falta de iniciativa privada de garantías se alían contra los planes del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al que sólo le queda confiar en la mejora de la situación económica y en encontrar inversores que rescaten proyectos que, en otra época, tenían un fuerte componente municipal.
Una de las claves de esta parálisis inversora que sufre el Ayuntamiento de Málaga se aprecia con un simple vistazo a su presupuesto. La liquidación de sus cuentas en el año 2007 arrojó unas inversiones reales ejecutadas de 175,85 millones de euros. Esta cifra había caído un 66% en 2012, cuando el Consistorio apenas movió 59,6 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda.
De hecho, en el ejercicio 2012 y en el actual sólo se ha acometido un único proyecto con un presupuesto importante, como es la construcción del bulevar sobre el antiguo trazado de las vías del tren. Con un presupuesto de unos 12 millones de euros y a ejecutar en dos años, es la única gran obra en marcha por parte municipal.
Así, entre 2007 y 2012 se han perdido 116,2 millones de euros que antes se destinaban a diferentes proyectos. Esta caída de los recursos ha dejado en el camino varias actuaciones sin resolver: el uso cultural del cine Astoria, la renovación del Balneario de los Baños del Carmen, el uso de Tabacalera, los planes de recuperación de la antigua cárcel de la Cruz del Humilladero y la construcción de mil VPO junto al campus universitario.
Esta falta de recursos está muy relacionada con la imposibilidad de pedir créditos bancarios para inversión, obligados por un Plan Económico-Financiero que tiene la obligación de aplicar para reducir su alta deuda crediticia. No obstante, tampoco lo tiene fácil obtenerlos en las áreas donde sí puede recurrir a esta vía de financiación, como es la construcción de VPO y que han motivado frenar ocho de las nueve promociones de vivienda protegida proyectadas junto a la Universidad.
Sin embargo, esta duda y falta de soluciones rápidas sobre proyectos ciudadanos también se ve afectada por la falta de dinero de otras administraciones, como ocurre con el metro o el Campamento Benítez. El primero de los proyectos ha derivado en que la Consejería de Obras Públicas propongan un cambio de diseño del último tramo para abaratarlo, al que se opone de pleno el Ayuntamiento y deja en el aire su ejecución. Sobre el Campamento Benítez, la crisis ha obligado a abandonar los planes de inversión previstos por el Ministerio de Fomento, que cederá el terreno al Ayuntamiento y dejará en su manos su conversión en un gran parque, pese a la escasez de recursos municipales para acometer una obra mínimamente ambiciosa.
A esto habría que sumar la espantada del Estado (Ministerio de Cultura y Fomento) del proyecto del Auditorio de Música en la plataforma de San Andrés. Eso ha comprometido la viabilidad de un proyecto de 1oo millones de euros, que la Junta ya hacía tiempo que no veía con buenos ojos por el gran desembolso a la que le obligaba.
El otro gran lastre de la gestión municipal ha sido la retirada de la inversión privada, unas veces a causa de la crisis y otras por desencuentros con el Ayuntamiento. Esto ha levantado dudas sobre el futuro de Tabacalera tras el abandono del Museo de las Gemas de Royal Collections y sobre el desarrollo urbano de diversas zonas de la ciudad. La Academia del Málaga CF en Arraijanal, la renovación del entorno de La Térmica, los rascacielos de Repsol y Martiricos son las cuatro grandes renovaciones urbanas pendientes de ejecutar y todas con el denominador común de la falta de financiación de sus promotores o la imposibilidad de hacer frente de unos convenios urbanísticos negociados antes de la crisis, con unas expectativas de beneficios que ahora son irreales