MIGUEL ÁNGEL REINA. MÁLAGA. El traspaso total de competencias a las comunidades autónomas en materia de puertos deportivos por los nuevos estatutos y el abandono por parte de los efectivos de la Guardia Civil y de la policía de estas instalaciones ha causado "auténticos agujeros" en la seguridad de estos recintos, según fuentes de dichos cuerpos.
Las grandes operaciones contra el tráfico de drogas y de inmigrantes realizadas en los últimos dos años revelan la tendencia de las mafias a volver a utilizar las numerosas marinas del litoral andaluz para sus negocios ilícitos. "Están volviendo a cambiar las planeadoras de alta velocidad y los trajes de neopreno por los veleros, los yates de lujo y el atuendo turístico", aseguró un experto policial.
Fue el caso, por ejemplo, del contingente de subsaharianos interceptados en diciembre de 2002, siete de los cuales fallecieron después en un incendio en los calabozos de la comisaría provincial. Salieron del puerto de Tánger el día 23 de aquel mes en un yate de recreo y su destino era Puerto Banús, donde debían desembarcar como turistas, según la declaración policial de los integrantes del grupo.
Hace solo unos meses la policía volvió a detectar a otro peculiar grupo de inmigrantes que trataba de colarse en el país por el puerto deportivo de Benalmádena. En aquella ocasión fue un grupo de veinte ucranianas sexagenarias que viajaron a Gibraltar con visados de turistas y allí embarcaron en un barco de recreo para dar un paseo turístico por el litoral malagueño. Fueron interceptadas por agentes del instituto armado y entregadas para su repatriación al Cuerpo Nacional de Policía.
En cuanto al narcotráfico, sólo en los últimos cuatro meses el GRECO de la Policía Nacional ha realizado tres grandes operaciones relacionadas con marinas malagueñas, en las que se intervinieron, en cada una de ellas, varias toneladas de droga a bordo de embarcaciones de recreo.
La situación es compleja. Aunque la mayoría de los recintos cuentan con vigilancia privada, ésta se centra más en evitar hurtos y destrozos en las embarcaciones fondeadas que en cuestiones relacionadas con la delincuencia organizada. Para tratar de prevenir estas situaciones la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Policía ha creado un grupo especializado en el control de fronteras móviles, dependiente de la comisaría del puerto de la capital.
Medios escasos. Se trata de un objetivo titánico ya que la nueva unidad, compuesta por sólo cinco funcionarios, tiene a su cargo un total de doce recintos portuarios y más de160 kilómetros de costa; concretamente los comprendidos entre el puerto deportivo de la Caleta de Vélez Málaga hasta el puerto de La Duquesa, en Manilva. Entre sus cometidos, según informó la comisaría provincial, se encuentra "el control de la frontera marítima para evitar y prevenir la inmigración ilegal y la delincuencia en general".
Entre sus misiones está el control tanto de las embarcaciones fondeadas en los puertos y sus tripulantes como de los barcos de recreo que se encuentran en situación de tránsito y las personas que viajan en ellos al objeto de de "detectar, investigar y prevenir cualquier actividad relacionada con la inmigración ilegal de personas y obtener información sobre redes de narcotraficantes, que son comunicadas a la Udyco", según explicó un portavoz policial.
La policía ha obtenido una valiosa información gracias a las investigaciones realizadas por este grupo, como fue la detención de nueve personas y la incautación de 1.720 kilos de hachís en el puerto deportivo de Cabopino, en el marco de l operación Charlot´ que concluyó a finales del pesado mes de agosto. Sólo unas semanas antes una organización similar que operaba en Málaga y Cádiz fue desmantelada por el GRECO Costa del Sol en puerto Sherry, en el Puerto de Santa María.
En los meses que lleva en funcionamiento este grupo ha efectuado también diferentes actuaciones contra embarcaciones cuyas matrículas les permiten una actividad y que realizan otra muy distinta y más lucrativa, para la que carecen de permisos; casos que fueron puestos en conocimiento de la Junta de Andalucía para incoar los correspondientes expedientes sancionadores.
El grupo recopiló además información sobre redes de inmigración que ofrecían la venta de contratos de trabajo e incluso se localizó un delincuente sexual británico que Interpol situaba en la Costa del Sol y que está calificado como "de alta peligrosidad" en cuanto a la posibilidad de reincidencia.
LA OPINION DE MALAGA