La paz social que puso fin a cuatro días de huelga de basuras en las navidades de 2013 empieza a dar muestras de su fragilidad antes de lo previsto. Aunque, a priori, los acuerdos que desactivaron el conflicto son válidos hasta finales de este año, la aparente calma en el seno de la empresa mixta de limpieza vuelve a tambalearse. Y lo hace a poco más de dos meses de las elecciones municipales y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Desde los sindicatos no hablan aún de posibles movilizaciones, pero sí que las tienen en mente. Sobre todo, si las comisiones de seguimiento de lo pactado entonces siguen como hasta ahora, evidenciando el claro desencuentro entre la dirección y el comité de empresa. Ascensos de categorías paralizados, conversiones a indefinidos que no llegan a concretarse y un sistema de descansos que les obliga a trabajar uno de cada cuatro sábados y que a su juicio no ha mejorado la limpieza de la ciudad son algunos de los frentes abiertos en la empresa, aunque el principal escollo tiene que ver con la negociación del nuevo convenio colectivo que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2016.
Los sindicatos llevan desde febrero planteando el inicio de un calendario de reuniones para ir allanando el camino. Unas prisas que contrastan con el sosiego que trasladan tanto la dirección de la entidad como el propio equipo de gobierno del PP, donde prefieren posponer cualquier atisbo de conversaciones al menos hasta que pasen las elecciones locales del próximo 24 de mayo con el argumento de que «no hay nada que negociar porque ya se llegó a un acuerdo en su día».
Ante esta disparidad de posturas, el comité de empresa ha optado por dejar a un lado al gerente de la entidad y volver a pedir la intervención directa del alcalde. El pasado martes, varios miembros sindicales se presentaron ante las puertas del despacho de Francisco de la Torre para solicitarle una reunión urgente. Y ayer, aprovechando la celebración del consejo de administración, volvieron a hacerlo. «Estamos hartos de intermediarios -en referencia a los puestos directivos de Limasa- que lo único que hacen es remitirnos al 24 de mayo, un tiempo que no estamos dispuestos a esperar», advierte el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, quien remarca que «la plantilla está muy cansada de esta situación y cada vez son más los trabajadores que piden la convocatoria de una asamblea para determinar los pasos a seguir».
De momento, el encuentro solicitado no tiene fecha, aunque los trabajadores insisten en que «no debería retrasarse más de dos semanas». «Vamos a dar un margen, pero si no quiere atendernos tomaremos otras medidas. Nos dice que está liado, pero esto también está liado», advirtió el dirigente sindical, para lanzar otro mensaje a De la Torre: «Que no nos hablen luego de empatía con los malagueños cuando demos el siguiente paso».
Desde el gobierno municipal consideran poco probable que ese encuentro vaya a ser inminente al argumentar que el regidor interviene cuando se apuran todas las vías de diálogo, dejando el protagonismo primero al gerente, Rafael Arjona, y si no fructifica, al concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez. En cualquier caso, también remarcan que «el alcalde nunca dice que no cuando cualquier colectivo acude a él».
Convenio vigente
Al margen de las discrepancias sobre cuál sería el momento idóneo para empezar a preparar el nuevo marco laboral, lo que aún está por solventar es si los acuerdos que pusieron fin a la huelga tienen rango de convenio, como defiende el Ayuntamiento, o no, como mantiene la Junta de Andalucía puesto que el documento que Limasa elevó a la Consejería de Empleo no contaba con la firma de los seis sindicatos con representación al considerar estos que no se había negociado nada más allá de diciembre de 2013 pese a que entonces se dieron dos meses de plazo para revisar, ya sin la presión de la huelga, el resto del articulado.
Después de que la autoridad laboral archivara la solicitud de inscripción del convenio y de que el recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento no haya prosperado, el asunto se resolverá finalmente en los tribunales. En principio, el juicio está previsto para el 16 de septiembre, así que cualquier negociación queda supeditada a la interpretación que el juez haga del artículo del decreto ley que desde 1977 regula las relaciones laborales en España que establece que «el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en convenio colectivo».
En este sentido, desde el Gobierno autonómico dan validez a los acuerdos de diciembre de 2013 y reconocen su eficacia, pero insisten en que «no reúne los requisitos para tener la consideración de convenio». ¿Por qué? Pues porque lo pactado afectaba únicamente a siete artículos y considera la Junta que esa negociación no puede extrapolarse a la totalidad del convenio si no hay acuerdo entre las partes.
Lejos de parecer una cuestión menor, el matiz que el juez dé a esa frase condicionará y mucho la negociación, ya que en el caso de que se rechace su validez, a la hora de sentarse a negociar se partiría de la base del convenio vigente, por lo que las partes tendrían que volver a abordar cuestiones que ya habían quedado resueltas como la polémica supresión de la paga de productividad (1.119 euros), la congelación salarial o la distribución de las vacaciones durante todo el año en vez de concentrarlas en verano para así reducir el número de contrataciones temporales. En este sentido, en el comité de empresa lo tienen claro asegurando que «hay que volver al convenio de 2012». De hecho, los sindicatos han decidido emprender un proceso judicial paralelo para remarcar que «el acuerdo alcanzado sólo tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2015».