Los vecinos de El Candado recurrirán la última autorización ambiental integrada concedida por la Junta de Andalucía a la fábrica de cementos de La Araña, un trámite imprescindible para el desarrollo de la actividad que fue nuevamente aprobado a principios de abril. En la reunión convocada el pasado martes por la asociación vecinal los más de 60 residentes que asistieron acordaron iniciar el procedimiento, primero por la vía administrativa, y en caso de ser rechazado el recurso, por la judicial. Aparte, los vecinos abordaron un posible acuerdo con la cementera, pero este punto se retrasará al menos dos meses, porque acordaron la constitución de una comisión encargada de estudiar y abordar en profundidad el asunto.
La autorización que recurrirán los residentes de El Candado la solicitó la empresa que gestiona La Araña -Sociedad Financiera y Minera, SA- después de que un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo anulara la concedida en 2007. La sentencia está recurrida por parte de la sociedad y también por la Consejería de Medio Ambiente, por lo que tendrá que ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien se pronuncie de forma definitiva.
Con fecha 7 de abril de 2017 la Junta concedió la nueva autorización para el funcionamiento de la planta de fabricación de cemento, en la que las alegaciones de la Asociación de Vecinos El Candado fueron desestimadas. En la resolución se resumen algunas de sus posturas en contra, relacionadas con los niveles de ruido, la contaminación atmosférica y lumínica o el impacto visual de las instalaciones, "particularmente la chimenea". Incluye igualmente los motivos por los que se desestiman: "Las medidas correctoras, los sistemas de medición, la vigilancia y control de la instalación y los valores límite de emisión establecidos se ajustan a la normativa vigente".
Los vecinos estudiarán ahora a fondo el permiso y el recurso administrativo a presentar, con el fin de garantizar el "estricto cumplimiento de los umbrales de contaminación", explican las fuentes consultadas por este periódico.
En la reunión del martes también se abordó un posible acuerdo con la cementera, por el que la asociación desistiría de las acciones legales emprendidas durante los últimos 14 años a cambio de una serie de mejoras medioambientales, aparte de otras indemnizaciones económicas. Pero esta decisión se demorará al menos dos meses. El acuerdo alcanzado en este punto pasa por la creación de una comisión que se hará cargo del procedimiento. Los vecinos están divididos en dos posturas, los que están dispuestos a dejar a un lado los logros judiciales de estos años a cambio de esas mejoras y quienes quieren seguir adelante. Aparte de la sentencia aun pendiente de ratificar sobre la autorización ambiental, los vecinos cuentan con otro pronunciamiento firme que declara nula la licencia de obras de ampliación de las instalaciones de 2003.
