Una localidad de Almería, tres de Cádiz, cinco de Córdoba, siete de Sevilla, diez municipios de Huelva, otros diez de Jaén y 19 de Granada. Pero ninguno de Málaga. Este es el balance actual de las ciudades y pueblos andaluces que han logrado adaptar sus planes urbanísticos a las nuevas normativas que rigen en la comunidad autónoma.
Los municipios malagueños que han conseguido revisar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no son ni muchos ni pocos. Simplemente no hay. Es la única provincia andaluza donde estos procesos se encuentran estancados en el más absoluto desconcierto e inacción. Las razones hay que buscarlas en muchos sitios. Están los últimos cambios de las normativas, las dificultades para encajar los distintos planes del territorio de la Junta, lo complicado que es el urbanismo en Málaga y, por supuesto, la llegada de unas elecciones locales que han paralizado toda actividad de planeamiento de las localidades.
Los datos aportados por la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo son claros. Hay pocos municipios que han completado con éxito la adaptación de sus planes generales. Sólo 55 de los 770 que hay en Andalucía, de los que siete lo han realizado en este año. Málaga continúa en blanco y parece que seguirá así bastante tiempo.
La Asociación de Constructores y Promotores estima que quedan otros dos años de trámite hasta conseguir que los documentos de ordenación urbanística se adapten completamente a la nueva ley. Dos años que, además, no empezarán a correr hasta otoño, una vez que se constituyan las nuevas corporaciones municipales y transcurra el verano, que ralentiza los trámites.
Un hecho relevante es que son pocos los municipios malagueños que tienen avanzados sus trabajos. Apenas nueve, entre ellos Málaga capital, se encuentran con sus documentos aprobados inicialmente y ninguno ha logrado pasar desde este punto. El resto está con los estudios previos o con el avance del documento realizado, pero poco más.
El presidente de los promotores malagueños, José Prado, se muestra preocupado por la parálisis que supone para el sector la falta de una ordenación clara del urbanismo. "Estamos muy preocupados, ya que la mayoría se estaba adaptando a la nueva Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) entre 2005 y 2006, pero la nueva norma aprobada en noviembre pasado ha obligado a empezar de nuevo".
"Estamos paralizados y con las elecciones locales la situación es todavía peor", asegura Prado, quien advierte de que el retraso en contar con una normativa clara y la inseguridad urbanística que eso supone ofrece una gran desconfianza a empresarios e inversores que "será nefasto para muchos municipios, pero especialmente para los promotores".
El proceso de revisiones de los planes urbanísticos comenzó hace algo más de dos años con la obligación de adaptarlos a la LOUA. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años se han aprobado dos Planes de Ordenación Territorial (POT), para la Costa del Sol y la Axarquía, que obliga a una nueva adaptación de los documentos y se ha presentado otro plan de ordenación a nivel autonómico que también modifica el urbanismo local.
LA OPINION DE MALAGA