El aumento entre un 10% y un 20% más del precio de los fármacos para la población activa en función de su renta también va a suponer un ahorro que se compensa solo en parte con la exoneración del pago de los parados sin prestación alguna, una propuesta razonable.
La nueva medida, sin embargo, deteriora la equidad del sistema sanitario español y no responde, ni de lejos, a la anunciada progresividad que defendía el Gobierno de Rajoy. Los ahorros que provengan de este capítulo se realizarán a costa de los enfermos y no de manera proporcionada de todos los contribuyentes en razón de su renta. Gobiernos anteriores han renunciado a medidas similares por considerar que la mayor complejidad burocrática podría comerse los ahorros logrados. El sistema anunciado por Ana Mato puede que evite abusos en el consumo farmacéutico, pero no solo aumenta la carga burocrática al distinguir a los pacientes según su renta y su situación laboral, sino que obliga a aportar al sistema sanitario una información financiera del contribuyente que hasta ahora solo manejaba Hacienda. Dado que el nuevo sistema solo tiene en cuenta el IRPF en un país de alto nivel de economía sumergida y no el patrimonio, cabe afirmar que el peso de este ajuste recaerá en los asalariados y los pensionistas.
Resulta paradójico que Mato no cuantificara el ahorro que se logrará con esta medida y, sin embargo, pusiera cifras a cada una de las que desgranó a continuación y que provienen de decisiones e incluso pactos anteriores. Se trata de intentar abaratar las medicinas, poner en marcha una central de compras o combatir el turismo sanitario. Todas debieran estar ya en marcha. Estas y otras son necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. Sorprende que se confíe solo en ellas para lograr el anunciado ahorro de 7.000 millones de euros que se sigue presentando sin base documental y fiable alguna