El desbloqueo del conflicto de las 215 casas antes señaladas, localizadas al norte de la Avenida Salvador Allende, pasa por el pago de entre 4.500 y 9.000 euros, en función de la superficie, por parte de los arrendatarios, paso con el que podrán acceder a las escrituras de los pisos. La salida fue valorada por las diferentes asociaciones de vecinos afectadas, que ayer mantuvieron un encuentro con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, y el delegado en la provincia del Ministerio de Economía y Hacienda, Juan Antonio Entrena.
"La solución ya está encajada y a punto de finalizar", dijo satisfecho López Luna, quien señaló que el proceso para la expedición de las escrituras de la propiedad se iniciará en septiembre u octubre de este año. El responsable del Gobierno en la provincia aprovechó para destacar la labor realizada por Economía y Hacienda, cuya valoración económica de las citadas viviendas se ha realizado "de forma flexible, teniendo en cuenta que son familias humildes y en la idea de conseguir el precio más bajo".
En este sentido, destaca la inclusión de importantes facilidades de pago para aquellos vecinos que quieran optar a las propiedad de los pisos, ya que se fija un plazo de pago de hasta diez años, con cuotas anuales. "Creo que podemos sentirnos satisfechos con la solución", apostilló el subdelegado. Misma satisfacción mostraron ayer los responsables de las asociaciones de vecinos de El Palo, como Rebalaje y la Zona Popular, que subrayaron la importancia del acuerdo alcanzado para los vecinos que desde la época de postguerra han ocupado estas casas.
Según los datos facilitados por la Subdelegación, de las 215 casas afectadas por la medida, 192 pueden ser objeto de enajenación inmediata, mientras que las 21 restantes deben ser, previamente, escrituradas a nombre del Estado. A partir de ese momento, los nuevos propietarios podrán continuar ocupando las casas o venderlas, indicó López Luna. En cuanto a aquellos que bien por deseo o por dificultades económicas eludan la opción planteada, el subdelegado fue claro: "No tienen que estar preocupados porque podrán seguir ocupándolas".