Además de la cuantía de la multa, en la carta se le conmina a identificar a la persona que conducía el vehículo en ese momento, al que se le retirarán los puntos de su carné.
Y ahí entra en juego la picaresca. Algunos hacen caso omiso de la obligación y evitan señalarse. Incluso intentan que sean conocidos extranjeros -a los que no se les pueden detraer créditos- o familiares mayores los que carguen con la culpa.
Pero los resquicios de la ley se han topado con la determinación de la Dirección General de Tráfico. Según explica la jefa provincial, Trinidad Hernández, la reciente modificación del reglamento sancionador permite hasta triplicar la cuantía de la multa que se impondría por exceso de velocidad a quienes no identifiquen al conductor del vehículo infractor.
Un caso práctico. Superar el límite permitido entre 31 y 40 km/h -esto es, ser cazado por el cinemómetro por encima de 151 km/h- supone una multa de entre 300 y 600 euros y la detracción de tres puntos. Si no se identifica mantendrá el permiso intacto, pero la sanción podría ascender a la nada desdeñable cifra de 1.500 euros (como máximo). Aunque la jefa de Tráfico asegura que estos casos son todavía poco numerosos en la provincia, podrían extenderse a medida que los usuarios comiencen a agotar su saldo.
Usuario principal
Por ello, la DGT va más allá y, según ha podido saber este periódico, se ha encargado un informe a un comité de expertos para perfeccionar el sistema de sanciones a través de radar, entre otros aspectos. El objetivo último es crear la figura de titular-responsable -que sería el conductor habitual, como ya ocurre con los seguros- al que se le pueda atribuir la infracción si no se identifica al conductor.
En el caso último, el propietario debería responder con su propio saldo de puntos. Esta iniciativa también bloquea otro de los subterfugios, como es el de los vehículos de empresa. Así, el empresario podría identificar al chófer de cada automóvil, de manera que sería este quien se responsabilizaría de las infracciones cometidas.
Los radares de la provincia detectan cada mes entre 3.000 y 3.500 vehículos a una velocidad inadecuada. No identificar al conductor se considera una infracción muy grave, sancionada con hasta 1.500 euros, mientras que el exceso de velocidad puede ser grave (hasta 300 euros y pérdida de dos a tres puntos), o muy grave (de 301 a 600 euros y retirada de cuatro a seis).
Desde las filas de los conductores las cosas no se ven tan claras. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), rechaza que se apliquen distintos criterios sancionadores en cada jefatura, y lo considera una arbitrariedad. «Tráfico utilizaba el criterio del doble de la sanción de origen, y eso parece que no es suficiente disuasión. Tiene un afán recaudatorio, y por eso a la DGT no le interesa que se identifique al infractor», critica.
Arnaldo recuerda que la norma general es la de parar en el acto al que comete la infracción, y rechaza que la excepción -notificar por correo- se convierta en la norma. A su juicio, la presencia de la Guardia Civil en la carretera tiene una función preventiva importante que -dice- se está perdiendo en pos de los radares, que tardan meses en tramitar una multa. «Qué mayor brevedad que el agente notifique la denuncia in situ», exclama.
Bula del infractor
Por ello, considera que se está produciendo lo que califica como la bula del infractor: «Si tiene dinero para pagar las multas puede seguir cometiendo infracciones, puede seguir conduciendo, aunque sea peligroso». Al tiempo, advierte sobre aquellos que atribuyen la autoría a otras personas. «La estadística dirá que España es el país con las abuelas más veloces. ¿Qué pasaría si hubiera sustitutos de otros delitos en la cárcel? Es inadmisible». Considera que la clave es el refuerzo de la vigilancia en las carreteras y que la sanción se imponga en el acto.
Fernando González Iturbe, subdirector de la asesoría jurídica del Comisariado Europeo del Automóvil, se pregunta a quién se le están retirando los puntos. «El que puede pagar la multa la paga, y no recae realmente sobre los reincidentes, que es el fin último del sistema». Al tiempo, critica las sanciones elevadas. «Si no hay reincidencia no se puede poner la multa en rango máximo, hay que graduar el castigo con atenuantes y agravantes. La proporcionalidad es clave, y en este caso da igual ser reincidente o no», expone.
Coincide con Arnaldo en que estas situaciones se dan por un problema de fondo, como son las numerosas excepciones que se hacen a la regla general de parar al infractor. "Si para eso hacen falta más agentes, habrá que ponerlos, y tener a una patrulla de la Guardia Civil a 500 metros del radar fijo que controla la velocidad".
CARNÉ POR PUNTOS
DIARIO SUR
