MÁLAGA. La extensión de la terraza de su restaurante no varió de un año para otro. Tampoco los servicios y equipamientos del paseo marítimo de la playa del Chanquete habían dado un gran salto cualitativo, pero sí que lo hizo, hasta triplicarse, el recibo por ocupar la vía pública con mesas y toldos equiparándose al de cualquier negocio ubicado en la mismísima calle Larios. Los efectos de la aplicación en 2013 del nuevo callejero fiscal, que elevó a la máxima categoría viales de El Palo, Pedregalejo, Teatinos y la Explanada de la Estación, ya es historia (salvo para el bolsillo de los hosteleros afectados) puesto que el Ayuntamiento se vio obligado a dar marcha atrás al año siguiente, aunque sin renunciar a lo ya cobrado. Pero el asunto sigue vivo en los tribunales a raíz de la demanda presentada por un propietario del restaurante El Pescador (ubicado en la playa del Chanquete) contra el Ayuntamiento al considerar «desproporcionado» el incremento de su recibo por el toldo, de 7.000 a 23.000 euros, cuando la mejora de los servicios públicos en la zona no han ido en consonancia.
Después de numerosas idas y venidas con responsables de Vía Pública y del órgano de gestión tributaria Gestrisam sin ningún avance, el litigio se resolverá en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga. Debido al colapso judicial habrá que esperar, pero de momento ya tiene fecha de juicio: el 9 de marzo de 2016. «Serán tres años de lucha, pero lo que no puede ser es que nos cobraran ese dineral cuando, a la vista está, aquí no hay ni la mitad de los servicios y equipamientos de la calle Larios. Ni en iluminación ni en mantenimiento ni en limpieza nos pueden poner al mismo nivel que el Centro», se queja este hostelero, quien acusa al gobierno municipal de «ponérselo cada vez más difícil a quienes intentan salir adelante».
En este sentido, remarca que pese a la rebaja que trajo consigo la modificación de la ordenanza al dejar de utilizarse el callejero fiscal para fijar la cuota con la creación de cuatro categorías (Centro Histórico, paseos marítimos, Romeral-Teatinos; y resto de vías), en 2014 tuvo que abonar 17.300 euros (el de este año aún no ha llegado). En este sentido, cabe reseñar que para encuadrar una calle en una u otra categoría se tenían en cuenta una serie de criterios tales como el valor catastral medio de la zona, la existencia de zonas peatonales y equipamientos urbanos, la actividad económica de la vía o su proximidad a la red de transporte público.
En la demanda, el empresario adjunta un informe pericial para intentar demostrar que «no ha habido incremento de equipamientos públicos en la zona desde al menos 1997», además de advertir que la modificación del callejero, que no se actualizaba desde 1992, «supone una vulneración del artículo 24 de la Ley de Haciendas Locales al ser muy superior el valor que tendría en el mercado el arrendamiento de dicho aprovechamiento público, debiendo calificarse de excesivo y sobrevalorado». Asimismo, en el escrito también alega que la aplicación de la nueva valoración viaria «se efectuó sin la preceptiva memoria económica» sobre su impacto en los negocios.
