La imputación responde a las diligencias previas seguidas por el juzgado tras la denuncia interpuesta en su día por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, al haber abierto un camino en zona rústica en su residencia de lujo de Pinares sobre suelo no urbanizable, según reconoció ayer su abogado, Fernando Taboada, que añadió que el promotor ya había declarado por ello y que en los próximos días «será llamado nuevamente a declarar». A esa denuncia inicial se han ido incorporando otras por las construcciones presuntamente ilegales que el empresario ruso ha ido levantando en el entorno de su vivienda.
Residencia de apartamentos
De estas presuntas construcciones ilegales habla el informe remitido por la Fiscalía al juzgado, que revela que el promotor habría levantado junto a su vivienda dos edificios de apartamentos para convertirlos probablemente en residencia. La Fiscalía, dado que el promotor «está invadiendo, inequívocamente suelo no urbanizable de control paisajístico» solicitó al juzgado que proceda a «la suspensión judicial y al precinto de las obras» , con apercibimiento expreso «de detención en caso de incumplimiento», paralización que ya ha obtenido.
El informe del fiscal «denuncia», tras visita de inspección, la presencia de dos «cuerpos edificatorios de viviendas» bajo la rasante de la calle Halepensis. Uno de ellos formado por «seis apartamentos simétricos», de algo más de 50 metros cuadrados cada uno, con cafetería, cocina, lavandería y terraza comedor «que se encuentran terminado a la espera de decoración, mobiliario y uso».
El segundo edificio, continúa el informe de la Fiscalía, formado por «cuatro apartamentos duplex, otros tres apartamentos, piscina, fitnes-gimnasio, sauna-baño, salón de belleza y sala de masajes».
La Fiscalía desconoce si estos dos edificios de apartamentos, «que se trata al parecer de una residencia», tienen licencia.
Además de ello, el informe de la Fiscalía al que ha tenido acceso La Opinión, explica que la primera infracción urbanística proviene del año 2002 cuando el promotor solicita y obtiene en julio de ese año licencia para construir una pista de tenis, piscina, garaje y gimnasio. Sin embargo, poco después, en enero de 2003, un informe de la Gerencia de Urbanismo revela que las obras «casi en su totalidad están dentro de suelo no urbanizable».
La Fiscalía hace notar en su escrito al juzgado que, a pesar de este informe de Urbanismo, «no consta que provocara la revocación de la licencia de obras concedida cuatro meses antes ni expediente administrativo sancionador» (entonces). No sólo eso, sino que con posterioridad, añade el informe, nuevamente solicita licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada y aparcamientos a la Gerencia de Urbanismo, «que la concede el 8 de febrero de 2007».
Informe aclaratorio
Por todo ello el informe de la Fiscalía es remitido igualmente a la Gerencia de Urbanismo solicitando que «ante las imprecisiones de los informes técnicos» concrete «de una manera clara» las diferentes licencias concedidas, los diversos volúmenes edificatorios realizados y si las obras se ajustan a las licencias otorgadas y que se concrete lo realizado ilícitamente a efectos «de una eventual demolición» y de probar si esas posibles infracciones fueron cometidas de manera voluntaria.
Un contencioso de doce años
El promotor ruso acumula ocho sanciones impuestas por la Gerencia de Urbanismo en los últimos meses, que suman un total de 420.000 euros. El promotor ha venido recurriendo todas las sanciones impuestas hasta ahora. La Gerencia de Urbanismo, por su parte, las ha desestimado. Las sanciones responden a infracciones urbanísticas que, según la Gerencia, está cometiendo el promotor, unas por estar levantando construcciones ilegalmente al no haber contado con licencia de obras y otras porque lo hace sobre suelo agrícola protegido. Se trata de actuaciones que Urbanismo considera que no son legalizables por lo que sólo cabe su demolición. Mientras tanto, la Gerencia de Urbanismo espera contestación al requerimiento realizado al juzgado de instrucción número 5 pidiéndole autorización para poder entrar en la finca del promotor y proceder a la demolición de todo lo construido ilegalmente.
La polémica de Urbanismo con el promotor ruso se remonta a junio del año 1999 cuando éste pide la primera licencia al Ayuntamiento para la construcción de una pista de tenis, piscina y garaje. Urbanismo rechaza la solicitud haciendo constar que la parcela donde pretende construir lo solicitado está clasificada suelo no urbanizable. Tres años después, en junio de 2002, presenta un proyecto reformado que sí obtiene el permiso de Urbanismo al percibir que se levantará sobre suelo urbano y que es una ampliación de la vivienda ya existente. Sin embargo, cuatro meses después el Servicio de Topografía y Cartografía de Urbanismo emite un informe que señala que las obras «casi» en su totalidad están dentro de suelo no urbanizable».
Fuente: La Opinión de Málaga
