La intervención vuelve a ser impulsada de manera subsidiaria por la Gerencia de Urbanismo ante la ausencia de respuesta por parte del promotor de lo ejecutado, Vladimir Beniachvili. Tarea que va a suponer un desembolso de casi 150.000 euros, dinero que salen de las arcas municipales pero que tendrán que ser reintegradas por el propietario de la parcela.
"A principios de diciembre iniciamos las obras de restitución de los terrenos afectados por la demolición, dando continuidad y culminando las órdenes de ejecución de remitimos", expuso el delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado. El plan, que se ha demorado más de lo previsto, incluye dos fases. La primera consiste en adaptar del terreno, que podría estar concluida a principios del próximo mes de enero, a lo que seguirá la plantación de especies arbóreas autóctonas para embellecer lo que ahora es una zona descarnada.
Conforme a los datos aportados por Urbanismo, la empresa adjudicataria, Federico García, S.L., ha optado por un sistema de muros ecológicos o muros verdes, "bajo la premisa de recuperar espacio especialmente protegido por el PGOU". "La solución se ha hecho con la idea de lograr armonizar la seguridad y el sostenimiento de la tierra con la vista", añadió Maldonado.
Este movimiento, que se efectúa tras la realización de diversos estudios topográficos y geotécnicos, busca poner el cierre a casi tres lustros de irregularidades en esta parcela de Pinares de San Antón, sobre la que Beniachivili y el propio Ayuntamiento de la ciudad llegaron a dibujar el que se conoció como centro hispano ruso, una intervención finalmente parada por que la Junta de Andalucía no autorizó su desarrollo en suelo no urbanizable.
La suma de las sanciones impuestas al empresario ruso se eleva a 770.000 euros, cuantía a la que hay que añadir los gastos derivados de la demolición de unos 3.500 metros cuadrados edificados al margen de la ley, tasados en unos 300.000 euros, y los ya mencionados 150.000 de la reposición. Es decir, que Beniachvili tiene que hacer frente a un abono global que ronda los 1,2 millones de euros. Las primeras anomalías fueron detectadas por el Ayuntamiento en 1998
