Los vecinos de Pedregalejo están indignados por la situación que se ha producido en los Baños del Carmen. Los responsables salientes de la Junta ordenaron, pocos días antes del relevo, que los concesionarios del restaurante dejaran de ocupar y explotar los terrenos del antiguo camping. Dicho y hecho, el lunes se desmantelaron las vallas y se retiró el control de acceso y la vigilancia, sin que de momento se conozca cómo va a afrontar la Delegación de Medio Ambiente su mantenimiento, en el largo impás hasta que comiencen las obras del futuro parque.
Entre tanto, la presencia del Limonium malacitanum, una planta endémica protegida que crece en estos suelos, obliga a extremar un control que ahora mismo es inexistente. «Tenían que haber esperado un poco, la decisión ha sido prematura, cuando la Junta está ahora mismo en pleno cambio de la administración y después de siete años dando palos de ciego», explica Adolfo García Gálvez, histórico miembro de la asociación vecinal del barrio.
Para colmo, critica que todavía no se ha producido la transferencia de los terrenos, del Gobierno autonómico a Costas (dependiente del Estado). «Estamos preocupados, al desmantelarse las vallas de las pistas de tenis, que es donde se había extendido el Limonium, se ha quedado expuesta una planta en peligro de extinción catalogada, y que ahora está en riesgo de desaparecer».
Por otro lado, el representante vecinal denuncia que tampoco se ha esperado a que la comisión institucional que se creó entre el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento haya tomado una decisión para desbloquear el traspaso del solar donde se construirá un gran jardín público, pero ajustado a las necesidades medioambientales del espacio. «Hay cuestiones que son fundamentales, como son el roquedal, los fondos marinos, la playa natural, la especie protegida y el parque, y sobre eso se tiene que basar el proyecto». Por ello, García Gálvez reclama a la subdelegada del Gobierno, María Gámez, que incluya en ese grupo de trabajo al Aula del Mar, a la asociación ecologista Almijara y a los vecinos.
Los vecinos tampoco esconden su inquietud sobre la protección del espacio. «Si se han quitado las vallas, a alguien le corresponde ahora la vigilancia y un mínimo control del espacio. Eso no se puede dejar desatendido», y señala expresamente a la cuestión del aparcamiento, que ahora se ha quedado de libre acceso, cuando el acceso de los coches debería estar ya prohibido. «El máximo responsable es el Gobierno del Estado, con independencia de que falte el documento de la trasferencia, el suelo ya es público, ya no hay excusas».
Por ello, reclaman a la subdelegada que tome cartas en el asunto de manera urgente. «Nos estamos jugando el último espacio natural en el litoral que le queda a Málaga».
